El obispo José María Rossi pidió un mea culpa a cada estructura del Estado por su ausencia ante la reiteración de las inundaciones en el sur. También les pidió el acto de contrición a la Justicia, a la Iglesia y a la sociedad en general, cuando se preguntó: “¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en el sufrimiento de nuestros hermanos inundados? ¿qué podría hacer yo para que eso no suceda?”. Frente a un drama generado por muchos factores, aplicó el sentido común y apuntó a tratar de hacer lo más difícil: buscar a los responsables, que permanecen ocultos, a salvo por los intereses creados. “Los afectados saben quiénes causaron los daños. ¿Cómo es posible que la Justicia no investigue esto? ¿No hay forma de que el culpable pague?, se preguntó.
Tras el gran desastre líquido de abril de 2017, cuando 5.800 habitantes de La Madrid (más de la mitad de la población) vieron cómo el torrente del río Marapa les llevaba todas sus posesiones materiales y espirituales, el Estado les llevó desde colchones hasta atención psicológica. Quedó visibilizada la situación del lugar más deprimido de la provincia. A esa zona del sureste van las aguas en pendiente. Hace 30 años, el río Marapa era el más notorio de la zona pero la deforestación de 100.000 hectáreas en un área que baja desde Catamarca hasta Río Hondo hizo que un manso caudal de agua como el del río San Francisco se convirtiera en un torrente cada vez mayor que hizo sobresaturar al río Marapa, hasta llegar al desastre de 2017, cuando quedó en evidencia la fragilidad del sistema de regulación del agua. “Las tierras que recorre el San Francisco eran bosques y había humedales; es terreno débil, fácilmente erosionable. Hoy, de esa cuenca, el 40 % es área agrícola. Y cada usuario deriva el agua como le parece. En las condiciones actuales se va a inundar cada dos o tres años”, dijo en septiembre el ingeniero hidráulico Claudio Bravo.
En 2017 se formó una comisión legislativa de Emergencia Hídrica integrada por todas las fuerzas del Estado -Provincia, Nación, comuna, Universidad y vecinos- que se propuso averiguar las causas del problema, organizar ayuda inmediata y elaborar un plan hidrológico para brindar soluciones en el largo plazo.
Dos años después, el plan para la cuenca del río San Francisco estaba listo. Para entonces, La Madrid había vuelto a inundarse y los miedos volvieron en el preludio de este verano. En principio, parecía que lo que faltaba era la aplicación del programa: Bravo dijo que con U$S 12,5 millones se puede encauzar el San Francisco y construir un sistema de defensa para La Madrid que, en estos casi tres años, recibió algunos programas de ayuda básicos, como limpieza de ríos y construcción de barreras. Se gastaron unos $ 600 millones de esa época en diferentes ayudas. Se puso una sirena de alerta en la comisaría de La Madrid (que no funcionó en la crecida de abril pasado). El ex delegado comunal, Dardo Herrera, dijo que se cumplió con todo el plan de contingencia pedido por la comisión. Pero lo fuerte y necesario no se hizo.“Falta que se apruebe el financiamiento del BID para el plan integral”, explica.
No se comenzó el relevamiento territorial y tampoco se hizo el acuerdo con Catamarca (que debía involucrar a fuerzas vivas, como los productores) para reforestar y evitar que continúen las canalizaciones sin control, los cultivos en humedales y los desmontes. “Cada productor canaliza el agua y el Estado no controla eso; hay una permisividad extrema”, sintetizó Eduardo Martel, vicedecano de Ciencias Exactas, uno de los responsables de la comisión legislativa. El obispo Rossi describió hace unos días lo que les sucede a las familias de la zona: “entra el agua a la casa; primero mata las gallinas; después pudre los muebles, arruina los electrodomésticos y dejan sin colchones… si tenés suerte, no entran las víboras… a veces el agua se lleva hasta los recuerdos de una familia”. O sea, el riesgo sigue intacto, después de tanta comisión.
Rossi puso el dedo en la llaga en “el sistema económico de producción y consumo basado en la ambición” y en el abandono del Estado en sus responsabilidades de regulación y control. “Hay una ausencia de servicio público”, dijo. Y también, criticó que la Justicia se haya quedado quieta, sin investigar. En la comisión se vieron esos problemas. Se habló de tratar de identificar a los productores de Tucumán y de Catamarca para acordar con ellos salidas. Se habló de quienes hicieron los canales irregulares. Se llegó a elaborar el plan. El ingeniero Martel, que hace dos años había advertido del riesgo de que se hicieran programas esperanzadores como el plan hidrológico de hace 25 años y no se los aplicara, planteó que la experiencia en esta ocasión “demostró que se puede trabajar seriamente en conjunto”.
Pero las cosas hasta ahora no han cambiado. No se sabe quién debe controlar al que quebró la ley y, lo que es peor, no se sabe quién debe controlar al que controla. Por ello Rossi sugirió que se vuelva a poner en funcionamiento la Fiscalía Anticorrupción. “Sin la complicidad y la desaprensión de parte de las autoridades públicas -sentenció el obispo-, las inundaciones no podrían pasar”.